Salud y seguridad en el trabajo y productividad

08-08-2014
“Los países y empresas que no invierten ni desarrollan políticas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo lo pagan fuertemente en términos de productividad…”.

Con un taller realizado días atrás bajo el alero de la OIT, el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social han dado el primer paso con vistas a la elaboración de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno de los compromisos asumidos en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.

Hemos querido que el proceso de construcción de esta política sea participativo, tal como lo sugiere el Convenio N° 87 de la OIT ratificado por Chile y vigente desde abril de 2012, y considerando que el país tiene un importante acervo en estas materias, buscamos recibir el máximo de aportes pertinentes de los distintos actores institucionales y especialistas, para obtener un resultado de alta calidad técnica y fuerte legitimidad social. En esa perspectiva, está prevista la realización de talleres regionales con actores relevantes, junto con considerar las opiniones del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo y los puntos de vista del Comité de Ministros para la Seguridad en el Trabajo.

Como Subsecretaría de Previsión Social le asignamos una alta importancia a este desafío, en la medida en que tiene impacto directo sobre la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras del país.

Ahora bien, sin duda, una arista del debate técnico y legislativo que el país deberá enfrentar dice relación con las modernizaciones que requieren la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Estatuto de las Mutualidades. Sin embargo, quisiera plantear en esta columna otro ángulo de análisis, que concierne al vínculo entre salud y seguridad en el trabajo, y productividad.

Puede resultar contrario a la intuición, pero una serie de evidencias nacionales e internacionales demuestra que los países y empresas que no invierten ni desarrollan políticas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo lo pagan fuertemente en términos de productividad. En consecuencia, asumir el tema con seriedad permite conciliar objetivos éticos -el cuidado de la vida y la salud humanas- con objetivos económicos, lo que debiera incentivar el alineamiento de todos los actores en pro de buenas políticas en esta área.

Con ocasión del XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT estimó que, globalmente, las víctimas anuales por accidentes y enfermedades laborales ascienden a 2,3 millones de personas, otros 160 millones padecen enfermedades relacionadas con el trabajo y se producen unos 270 millones de accidentes laborales anuales, calculando las pérdidas económicas por los costos asociados en torno al 4% del PIB mundial. Evidentemente, esto implica un enorme sufrimiento humano, tanto de los trabajadores como de sus familias, y para los empleadores significa altos costos por el desembolso de indemnizaciones, prestaciones por invalidez y sobrevivencia, pérdida de personal calificado y con experiencia, ausentismo e interrupción de los procesos productivos.

A nivel local, el informe final de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo de diciembre de 2010 señaló que, no obstante la caída en las tasas de accidentabilidad laboral que ha registrado nuestro país en las últimas décadas, el año 2009 se perdieron casi 3,5 millones de días laborales solo entre los trabajadores afiliados a las mutuales. Ese y otros indicadores que constatan las estadísticas oficiales reafirman que las deficiencias en materia de salud y seguridad laboral tienen un claro impacto negativo sobre la productividad.

Como país, entonces, tenemos ante nosotros dos desafíos estratégicos. El primero es de orden institucional y normativo: sacar adelante la mejor Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo un principio de integralidad, de manera que podamos dotar al país de una legislación articulada e integrada, donde las responsabilidades y competencias de las distintas instancias institucionales estén definidas con precisión, no existan áreas donde se sobrepongan esfuerzos ni áreas de acción que no queden cubiertas.

El segundo es de orden cultural: hacer tomar conciencia, a todos los actores, que la inversión en salud y seguridad laboral no se contrapone con la productividad, sino que, por el contrario, la potencia, lo que permite velar simultáneamente por el cuidado de la salud y la vida humanas y por la sustentabilidad de las empresas.

Marcos Barraza Gómez
Subsecretario de Previsión Social

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