La OIT y la afiliación obligatoria al sindicato

Cuando la abogada alemana Kirsten-Maria Schapira-Felderhoff, especialista principal en normas internacionales y relaciones laborales de la oficina de la OIT Cono Sur, concurrió a la Comisión Trabajo de la Cámara a exponer la posición de la Organización Internacional del Trabajo sobre las reformas laborales, dijo que la derogación legislativa de la facultad del empleador para extender beneficios constituiría “un ataque a la libertad sindical de los trabajadores no sindicalizados, ya que se fuerza al trabajador a sindicalizarse para obtener estos beneficios” (Informe Semanal de Actividad Legislativa N° 4, del 6 al 10 de abril de 2015, pág. 13, Ministerio Secretaría General de la Presidencia).

Esta afirmación formulada por la máxima autoridad de la OIT en Santiago en materia de normas internacionales es la más clara expresión de que el proyecto de ley en actual tramitación no satisface los estándares que la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido para garantizar el principio de libertad sindical.

Lo anterior porque según lo que indicó la referida especialista en la misma sesión de la Comisión Trabajo: la extensión de beneficios es posible para la OIT “siempre que exista acuerdo entre las partes que participaron de la negociación colectiva” (ISAL N° 4, pág. 12), y en el proyecto de ley sobre modernización de sistema de relaciones laborales, mientras se faculta al sindicato a extender los beneficios al trabajador que se afilia a su organización, a la vez, se prohíbe al empleador efectuar tal extensión sin el acuerdo previo y expreso del sindicato.

Entonces, por vía legislativa y no en virtud de la convención, una de las partes (el sindicato) queda facultada para efectuar la extensión de beneficios y la otra (la empleadora), impedida de hacerlo, salvo que obtenga un acuerdo que será imposible de alcanzar con su contraparte. Ello será así porque al sindicato le basta con afiliar a un trabajador no sindicalizado para que este obtenga los beneficios en forma automática y no habrá razón alguna para que le ceda todo o parte de esta facultad al empleador, a menos que la organización sindical le imponga condiciones especialmente desaventajadas al empleador, como por ejemplo: que este último pueda extender solo algunos de los beneficios pactados a los trabajadores no sindicalizados.

De este modo, prohibiendo legalmente al empleador extender los beneficios pactados colectivamente y permitiendo el goce automático de los mismos por el solo hecho de que el trabajador se afilie al sindicato, se produce un efecto que la OIT no promueve ni fomenta: que un trabajador no sindicalizado deba ser forzosamente socio de algún sindicato para obtener estos beneficios.

Así las cosas, las afirmaciones vertidas por la mencionada especialista en la Cámara de Diputados son consistentes con las decisiones adoptadas por los órganos de control de la OIT (Comité de Libertad Sindical y Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones) que en esta materia han permitido que los estados garanticen a sus trabajadores el derecho a no afiliarse a un sindicato, o bien desafiliarse de la organización de la que eran socios, lo que se conoce como “libertad sindical negativa”.

En nuestro caso, la Constitución Política ha optado por reconocer expresamente la “libertad sindical negativa” en el artículo 19 N° 19 de la Constitución chilena. Por lo mismo, el goce automático de beneficios pactados colectivamente por el solo hecho de que un trabajador se afilie al sindicato que los negoció y obtuvo, sumado a la prohibición de que el empleador pueda extender los mismos, constituyen de facto una regla legal que impone la afiliación obligatoria. Regla que será necesariamente inconstitucional por contrariar la libertad sindical negativa y que violará los convenios internacionales de la OIT del modo que lo han interpretado sus órganos de control.

En síntesis, el proyecto de ley en actual tramitación en el Congreso Nacional deberá ser corregido en este punto, modificando la regla actual por una que faculte al empleador y al sindicato a pactar tanto el goce de beneficios por la afiliación sindical posterior como la extensión unilateral de los mismos, o bien, una que les permita a ambas partes -y no solo al sindicato- efectuar la extensión de los beneficios pactados colectivamente: en un caso mediante la afiliación de nuevos socios y en el otro a través del acto de la extensión unilateral de los mismos al trabajador no sindicalizado.

Luis Lizama Portal
Profesor Asociado de Derecho del Trabajo
Facultad de Derecho, U. de Chile

Esta entrada fue publicada en Editorial, El Mercurio y etiquetada . Guarda el enlace permanente.