La reforma laboral en su hora decisiva

A toda máquina se trabaja en lo que parece ser la hora decisiva de la reforma laboral. Aunque luego de su despacho por parte de la Comisión de Trabajo del Senado aún restarán importantes pasos posteriores -la aprobación en sala y eventual paso a comisión mixta si los cambios introducidos no son refrendados en la Cámara-, es en la actual instancia donde se está jugando la posibilidad de moderar una iniciativa que ha despertado gran controversia y alimentado la incertidumbre sobre el devenir de la economía nacional.

Como se recordará, según han planteado las autoridades, el objetivo de la reforma laboral sería reducir la desigualdad de ingresos. La idea es empoderar a los sindicatos para exigir mayores sueldos, concediéndoles el monopolio de la negociación colectiva, dándoles poder de veto en la extensión de sus beneficios a los no sindicalizados y aumentando la capacidad de las huelgas para “hacer daño”.

Aunque el proyecto contiene aspectos valiosos, un amplio conjunto de expertos -varios de ellos ligados al Partido Demócrata Cristiano, como el ex ministro del Trabajo René Cortázar- han objetado que un excesivo fortalecimiento de la presión sindical dañaría la competitividad de la producción nacional y amagaría oportunidades de empleo de quienes hoy están cesantes o marginados del mercado ocupacional. La crítica es especialmente relevante ahora que la economía nacional vive una prolongada desaceleración, producto en buena medida de las malas expectativas suscitadas por la caída del cobre y la reforma tributaria. El reputado economista Vittorio Corbo ha vaticinado que en las actuales condiciones es difícil que nuestro crecimiento económico supere el 2,0-2,5%, precisamente porque las expectativas se mantienen por los suelos. De hecho, el índice de confianza empresarial que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez, tras leve repunte, volvió a caer el mes pasado.

En su versión actual, el proyecto es defendido con ahínco por la dirigencia de la CUT y el Partido Comunista. Pero, aparentemente, sus artículos más controvertidos, rechazados por la oposición y objetados por senadores del PDC, no contarían con los votos necesarios. El Gobierno parece estar buscando una suerte de término medio; por ejemplo, mediante indicaciones que si bien mantendrían la prohibición absoluta de los reemplazos durante huelgas, admitirían cierta reasignación de personal para atender algunas funciones.

El Gobierno debe medir con mucho cuidado cómo zanja la discusión, aunque ello le lleve más tiempo de lo previsto. En medio de la desaceleración, el mercado laboral -con sostenida alza de la ocupación y los salarios- es lo que mejor marcha en la economía nacional. Su buen funcionamiento será crucial para relanzar el crecimiento económico ahora que es necesario reemplazar el empuje que nos dio el cobre con otras industrias. Los 36 días de paro ilegal del Registro Civil han demostrado palmariamente el enorme daño económico y social que pueden ocasionar las huelgas prolongadas, han llevado al Gobierno a recurrir -paradójicamente- a reemplazantes para aminorar sus efectos y lo han hecho reconocer que las presiones sindicales más poderosas pueden no venir de los sectores más vulnerables -los más desfavorecidos por la desigualdad-, sino de grupos de trabajadores ubicados en los tramos más altos de la distribución de ingresos, como es el caso de muchos de los empleados del servicio paralizado. Las indicaciones que envíe el Gobierno pueden ser su última oportunidad de evitar lo que se estima sería un retroceso importante -posiblemente irreversible- en la construcción de una economía más competitiva y equitativa.
Recuadro :
El paro del Registro Civil ha demostrado al Gobierno que las presiones sindicales más poderosas pueden no venir de los sectores más vulnerables.

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